Tegucigalpa,Honduras
El misterio siempre rodeó la cuarta urna. Un proyecto ilegal desde su nacimiento, que se quiso vender como un sueño al inicio e imponer como dogma al final, cuando la verdadera intención: el continuismo en el poder, salió a la luz.
Los funcionarios de gobierno nunca dijeron en realidad qué era lo que pretendían. Poco a poco fueron soltando más hasta llegar al extremo de decir que buscaban reformar la Constitución de la República.
Este proyecto del presidente Manuel Zelaya estuvo lleno de obstáculos, principalmente sectores e instituciones que defienden la Carta magna, la paz y democracia en el país. A continuación LA PRENSA relata paso a paso cómo nació el proyecto ilegal del Poder Ejecutivo, quiénes son sus principales protagonistas y hasta qué extremos llegaron para imponer en nombre del pueblo, el proyecto declarado como ilegal por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Febrero de 2009
Después de batallar con la empresa privada por el aumento del salario mínimo, el presidente Zelaya tenía un nuevo proyecto por presentar: la cuarta urna. Los rumores de las pretensiones de continuismo del presidente iniciaron a tan sólo unos cuántos meses de su mandato. Analistas como el ex embajador Enrique Ortez Colindres, siempre denunciaron las pretensiones del presidente. Pero fue hasta un día aclarado en San Pedro Sula, mientras encabezaba el desfile de la donación de tractores de parte del presidente Hugo Chávez de Venezuela, Zelaya dijo: “voy a proponer una cuarta urna, pero eso no prolongará mi mandato ni un día más”. Las declaraciones las dio el 17 de febrero, casualmente un día antes en Venezuela se efectuó un referéndum sobre una enmienda a la Constitución que dio vía libre a Chávez para el continuismo.
Marzo de 2009
El viernes 13, catalogado supersticiosamente como un día de mala suerte, el presidente Zelaya alzó la voz al continuismo en una ceremonia de ascensos militares. Fue hasta esa fecha que Zelaya reconoció que desea continuar en el poder para lo que habría que reformar la Constitución, lo que se podría hacer tras el visto bueno de una consulta popular. “Yo soy un demócrata y la pregunta hay que hacérsela al pueblo, es el que tiene que contestar, no la tiene que contestar nadie más. Las declaraciones de Zelaya se dieron horas después que el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti denunció la intención de una Asamblea Nacional Constituyente.
Fue en esa ceremonia de ascensos militares que el presidente Zelaya insistió en su propuesta de colocar una cuarta urna en las elecciones generales para consultar al pueblo sobre si está o no de acuerdo con una reforma constitucional. “Que no sean los tragos ni la droga los que obnubilen a ciertos ciudadanos. Estamos dispuestos a defender la democracia”, recomendó Micheletti a los interesados en reformar la Constitución. En esa misma fecha aparece en el escenario de la cuarta urna la canciller y hasta ese entonces presidenta del Central Ejecutivo, Patricia Rodas, quien afirmó que Casa de Gobierno ya trabajaba en el proyecto de instalar la cuarta urna. El 16 de marzo varios diputados manifestaron que no tomarían en serio el proyecto de la cuarta urna.
La oposición al proyecto de Zelaya creció día a día, uno de los principales críticos comenzó a perfilarse desde esas fechas: el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quien enfáticamente dijo que estaba contra la cuarta urna porque no es factible y porque no se pueden hacer reformas a la Ley electoral en un año político. Mientras tanto, las intenciones de Zelaya era mandar al Legislativo una solicitud para que el Congreso convocara a un referéndum. Al mismo tiempo, el presidenciable nacionalista Porfirio Lobo Sosa declaraba que estaba de acuerdo con las consultas al pueblo.
A la fecha entra un nuevo protagonista al debate de la instalación de la cuarta urna: la Fiscalía General de la República. El entonces coordinador de la Fiscalía de Defensa de la Constitución, René Adán Tomé, dijo que no se puede utilizar el referéndum para preguntarle al pueblo si se puede reformar el artículo 374 de la Constitución ya que es irreformable. El lunes 23, Zelaya convocó a la ciudadanía a una consulta popular para reformar en tres meses la Constitución para adaptarla a la realidad nacional. Dijo que la consulta sería realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, a más tardar el 24 de junio. De inmediato el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, calificó como una tontería la decisión del Presidente y que éste sólo escucha a los malos consejeros. Al mismo tiempo, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, manifestó que Zelaya incurre en delito al promover una Constituyente.
El miércoles 25 aparece en el escenario el fiscal general Luis Alberto Rubí. Al notar que Zelaya continuaba con su plan de instalar la cuarta urna pese a las indicaciones de que incurriría en delito, la Fiscalía le dijo que no tiene facultad para convocar a una consulta para que se forme una Asamblea Nacional Constituyente. “Esto estaría creando una situación fáctica porque según el artículo 3 constitucional, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen”, indicó Rubí. En respuesta a las máximas autoridades de la Fiscalía, desde Managua, Nicaragua, el presidente Zelaya dijo: “la consulta popular va y nadie la detiene. Un día después el presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró que la propuesta de la Constituyente en Honduras era su idea.
En ese entonces el Partido Nacional, mediante su presidente y alcalde de Tegucigalpa, Ricardo álvarez, declaraba que defendería con su vida la Constitución y les envió un mensaje a los superiores de las Fuerzas Armadas: “no se presten a la jugada de Zelaya, sean respetuosos y obedientes a la ley, le deben más lealtad a la Constitución que al propio presidente”. También, a excepción del partido Unificación Democrática, los líderes de los partidos políticos aseguraron hacerse un nudo por la institucionalidad del país al oponerse a la pretensión continuista del presidente Zelaya. Enseguida los funcionarios leales a Zelaya dijeron que estaban preparados para ir a la cárcel con tal de defender la convocatoria a un referéndum para la instalación de una Constituyente.
La abogada de profesión comenzó a recibir fuertes críticas por su desconocimiento de las leyes al asegurar que la Fiscalía no podía interferir en el proyecto de la cuarta urna. El constitucionalista Oswaldo Ramos Soto aseguró que la Fiscalía sí puede actuar por llamado a consulta. “Una vez que el decreto Ejecutivo que autorizó al INE a realizar la encuesta con fines de reformar los artículos pétreos de la Constitución, sea publicado en La Gaceta, la Fiscalía podría actuar contra los funcionarios que firmaron ese documento. Enrique Ortez Colindres dijo que “eso que dice el Presidente es insultar la inteligencia de quienes nos hemos quemado las pestañas estudiando derecho, he venido diciendo que Zelaya quiere continuar en el poder”.
Otro protagonista aparece con relevancia en el proceso ilegal de la cuarta urna: las Fuerzas Armadas de Honduras. Después que varios políticos se declararan en alerta para la defensa del orden constitucional, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, dijo que los militares no se prestarán a un autogolpe manejado desde el poder, al mismo tiempo garantizaron que habrá elecciones el próximo 29 de noviembre.
Abril de 2009
“Si es continuismo, nadie lo va a aceptar”, ésas fueron las contundentes declaraciones que el cardenal óscar Andrés Rodríguez manifestó al ver el apuro por aprobar la cuarta urna. El cardenal recomendó que el país tiene problemas más serios a tratar como la reducción de la pobreza y la crisis financiera. De la misma manera, otro hondureño con trayectoria honesta en el país omite sus opiniones: Jorge Bueso Arias. “Cuarta urna es para seguir en el poder, le pido al Presidente que no hable en nombre de los pobres. Todo mundo sabe que Mel anda buscando que se reforme la Constitución para volver y quién sabe lo que va a pasar”, expresó don Jorge.
Pasaron varias semanas en que el gobierno no publicitó su cuarta urna, todo debido al escándalo de soborno a funcionarios de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel. No obstante, el ya nombrado presidente del Partido Liberal y también presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, junto al presidenciable Elvin Santos, se pronunciaron en contra del continuismo del presidente Zelaya. “Si las Fuerzas Armadas se prestan al continuismo, haré resistencia hasta que me lleven preso y para eso ya tengo lista la pijama rallada”, advirtió Micheletti. De la misma manera, Santos pidió a Zelaya que rectifique y que deje de confundir al liberalismo.
Los gastos en publicidad de la cuarta urna comienzan. En los canales de televisión se presenta el primer anuncio de una trayectoria en donde aparece una familia digiriendo alimentos y al mismo tiempo promocionando la cuarta urna. Analistas como Olban Valladares denuncian que esa publicidad tiende a confundir. Acto seguido, el presidenciable Elvin Santos le pide públicamente a Zelaya que retire el anuncio y que ese gasto debería de dirigirlo a proyectos sociales. También, la Corte Suprema de Justicia declara inadmisible el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto en contra del acuerdo PMC-05-2009, emitido por el presidente Zelaya para instalar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre.
Y los ataques se intensificaron entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Uno de los novedosos sistemas que el Presidente impondría en la nueva Constitución de la República es la “muerte cruzada”, figura existente en la carta magna de Ecuador. “Cuando un poder del Estado se enfrenta a otro poder del Estado y no hay quién regule eso, entonces se recurre al pueblo, se disuelven los poderes del Estado y el pueblo se va a unas elecciones a escoger un nuevo gobierno”, explicó Zelaya. El decreto ejecutivo para llamar a una consulta popular no fue publicado en La Gaceta. Después de las declaraciones del Ejecutivo de la “muerte cruzada”, el Congreso Nacional dijo que se sentía amenazado y pidieron a las Fuerzas Armadas defender la democracia y la Constitución.
Después de no aclarar en realidad sus intenciones, el Ejecutivo se destapó: aceptaron que quieren regular la libertad de prensa y las libertades políticas y económicas, el objetivo es cambiar la forma de gobierno, derogar la actual Constitución para crear un nuevo marco jurídico. Enseguida, el Ministerio Público mediante una declaración oficial advirtió que cometen delito quienes hablen o busquen reformar artículos pétreos relativos a la forma de gobierno. Mientras tanto, Rafael Correa, presidente de Ecuador, logra la reelección.
Mayo de 2009
Un nuevo invitado llega a aguarle la fiesta de la cuarta urna a Zelaya y sus funcionarios: la influenza A/H1N1. El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oswaldo Ramos Soto, advierte que promover la cuarta urna es un delito y que la Fiscalía debe acusar al presidente Zelaya. Y una sorpresa llega a inicios de mayo: Pepe Lobo sorprende y apoya la Constituyente. “Les propongo que convoquemos la elección de una Constituyente como lo llaman otros, pero con límites, sin violar las leyes actuales, que nos permita a todos redactar la nueva Constitución”, propuso.
La noche del martes 5 de mayo la bancada del Partido Nacional presentó el proyecto de decreto solicitando la convocatoria a un plebiscito el 29 de noviembre. Enseguida el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que no están claras las propuestas para instalar una cuarta urna por el presidente Zelaya y por el presidenciable nacionalista Porfirio Lobo. Otro que buscó protagonismo con instalar una cuarta urna fue el diputado y candidato presidencial, César Ham. La sorpresa es que Ham quería la cuarta urna en los 4 meses siguientes.
Días después el fiscal general, Luis Alberto Rubí, interpuso un recurso de amparo contra la encuesta de la cuarta urna. “Presentamos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo un recurso de nulidad contra la iniciativa”, manifestó Rubí. Nace el Frente Cívico en defensa de la institucionalidad democrática para frenar los planes de continuismo del presidente Zelaya, el frente lo comanda el ex presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce.
Los conflictos se intensifican, después que el fiscal general interpuso el recurso de amparo en los tribunales de justicia, el presidente Zelaya retó a Rubí diciéndole que proceda a meterlo preso. “Tendrían que meter presas a un millón de personas que van a ir a marcar que sí quieren ser consultados. La Policía no cooperará ante un acto de ilegalidad”, dijo Zelaya. La respuesta del fiscal Rubí no se hizo esperar: “La Policía no es guardaespaldas del Presidente”.
Días después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo admite la demanda contra la cuarta urna sin suspensión del acto reclamado, lo que significa que por ese momento, el Ejecutivo podía continuar con la campaña. Acto seguido, el presidente Zelaya anuncia la construcción del aeropuerto comercial de Palmerola con fondos de Petrocaribe. El gobierno anunció la entrega de 235 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para la construcción o habilitación del aeropuerto con compras directas. La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Cuentas que investigue el supuesto despilfarro en la campaña publicitaria de la cuarta urna.
El 18 de mayo se da una propuesta peculiar en las afueras del Ministerio Público. Miembros del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas, Copin, armados con machetes nuevos se enfilaron para manifestarse a favor de la cuarta urna. Las iglesias evangélicas solicitaron al cardenal óscar Andrés Rodríguez crear un frente común con el fin de garantizar que el presidente Zelaya no se quedara un día más en el poder. También el Tse citó al director del Ine, Sergio Sánchez, para que explique por qué está convocando a la consulta de la cuarta urna para el 28 de junio. Sánchez dice desconocerlo.
Para trabajar de lleno en la encuesta popular, el presidente Zelaya da órdenes a sus ministros para que se constituyan en defensores de la cuarta urna y que viajen por Honduras para promoverla. Todos los secretarios de Estado dejaron a un lado los problemas que agobian al país. Enseguida surgen declaraciones temerosas del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, en las que advierte que contrataron a un hombre para que lo asesine. “Responsabilizo al Ejecutivo si atentan contra mí o alguien de mi familia”, denunció Micheletti. También el Juzgado de lo Contencioso Administrativo turnó a la Procuraduría General de la República, PGR la denuncia del Ministerio Público sobre la ilegalidad de la cuarta urna. La PGR presentó un estudio jurídico a la CSJ que determinó que no se debe llevar a cabo la consulta popular que pretende el Ejecutivo.
Además, el banquero Jorge Bueso Arias hace declaraciones fuertes, aseguró que no tiene idea de la procedencia del dinero que el Gobierno está gastando en la campaña de la cuarta urna y que existen 1,500 millones de lempiras para comprar conciencias. Días después el gobierno cambia nombre a la consulta popular por encuesta de opinión. El director del Ine, Sergio Sánchez, asegura que no está al tanto del costo de la millonaria campaña publicitaria para promover la encuesta de opinión.
Seguidamente el Tribunal Supremo Electoral ordena a los medios de comunicación retirar toda la publicidad de la encuesta popular promovida por el Poder Ejecutivo a más tardar el 26 de mayo. El argumento del TSE es que el Ine, a quien se le atribuye la publicidad de la cuarta urna, negó hacer esa promoción y porque los anuncios tienden a confundir y desinformar a la población. El 25 de mayo el juez Jorge Humberto Zelaya admite el escrito presentado por la PGR donde plantean su posición jurídica con respecto al proyecto de la cuarta urna. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1982 se reúnen y afirman que artículos pétreos no pueden reformarse ni con plebiscito ni referéndum. También agregaron que si se va a la Constituyente se busca golpe de Estado.
Y el 28 de mayo llegó la potencia de la naturaleza a obstaculizar la campaña de la cuarta urna: el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter que estremeció a Honduras. Un día después el TSE convoca al pueblo a elecciones general para el 28 de noviembre. El 30, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo resolvió dejar sin valor ni efecto cualquier decreto que emita el Poder Ejecutivo para instalar la cuarta urna. Como acto desesperado, el Ejecutivo promueve un recurso para impugnar la convocatoria a elecciones hecha por el TSE. Además, el presidente Zelaya ordena a las Fuerzas Armadas que respalden la encuesta de opinión. En respuesta a esa orden, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Daniel López Carballo, pidió a los militares que no vayan a tirar al cesto de la basura toda la credibilidad que se han ganado durante los últimos años. El mismo día en cadena de radio y televisión, el presidente Zelaya dedica tres minutos para hablar sobre el terremoto y 25 para defender la cuarta urna. Nadie informaba de casos de influenza, se manejan en secretividad.
Junio de 2009
El mes inició con un gran mensaje del líder de la Iglesia católica, el cardenal óscar Andrés Rodríguez, quien dijo que Honduras no puede seguir en un abismo y que el pueblo hondureño es soberano y no debe ser dividido, por lo tanto, no se le debe imponer un proyecto con fines oscuros. Además, el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilez, dijo que el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que suspende la cuarta urna, debe respetarse.
Un nuevo movimiento nace en el país para defender la democracia y la Constitución de la República, Alianza por Honduras en Paz y Democracia. Los miembros del movimiento inician con plantones pacíficos en los bajos del Congreso Nacional. El Comisionado Nacional de DDHH, Ramón Custodio, declara en relación a la actitud del grupo que rodea al presidente Zelaya, que el poder y el dinero pueden enfermar a las personas, si son proclives al desquiciamiento mental. De nuevo varios sectores piden al Tribunal Superior de Cuentas, TSC, que intervenga las finanzas de la presidencia para conocer de dónde salen los recursos para la promoción de un continuismo a través de la cuarta urna.
Y llegaron las denuncias de pagos por apoyar la cuarta urna del Ejecutivo. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 2 y 3 de junio, unos 20 activistas fueron desalojados por militares después de argumentar que fueron pagados por el Ejecutivo para realizar una micro-marcha en apoyo a la cuarta urna. La mayoría de los manifestantes confirmaron que eran empleados públicos y que habían recibido 1,000 lempiras por presentarse.
También los ex jefes militares alzaron su voz. El ex jefe de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona, expresó que no es apropiado exigirle al instituto armado que apoye la consulta popular cuando el Poder Judicial ya la declaró ilegal y agregó que la sentencia de un juez no se discute.
Las protestas contra la cuarta urna se intensificaban en el marco de la Asamblea de la OEA. Al mismo tiempo, Custodio formalizaba una denuncia en el Ministerio Público en contra del presidente Zelaya por no enviar al Congreso el Presupuesto General de la República, lo que muchos toman como medida de presión para que le den luz verde a la consulta. En un hecho sin precedentes, el Legislativo aprobó una resolución que imprueba la conducta del Poder Ejecutivo, decisión adoptada por la mayoría de diputados.
Los rumores de golpe de Estado comienzan a intensificarse; sin embargo, el teniente coronel Ramiro Archaga, portavoz de las Fuerzas Armadas, negó los rumores. El gobierno se olvidaba de las víctimas del terremoto y de los casos sospechosos de influenza A/H1N1. La Iglesia católica continuaba con sus advertencias y esa vez la realizó la Comisión Nacional Pastoral que pidió al gobierno transparencia y cohesión a todas sus acciones para que diga la verdad sobre las reales u ocultas intenciones por las que desea convocar a una Constituyente.
Aparece un patriota en defensa de la Constitución, el general retirado y ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel López Carballo. Envió un mensaje a la población: “es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras garantizar la paz, la soberanía, tengamos confianza, fe en Dios y sobre todo, estén seguros de que no habrá un golpe de Estado”. Además reveló que en la reunión de Junta de Comandantes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, se comprometió a no obedecer ninguna orden del Ejecutivo que atente contra la Constitución.
Las denuncias de despilfarro se acrecentaban, el vicepresidente del Congreso, Ramón Velásquez Nazar, denunció que unos 5,500 millones de lempiras estaría desviando el gobierno para financiar la campaña de la cuarta urna. El pastor evangélico Oswaldo Canales declaró que el gobierno de Zelaya es como un barco sin rumbo y que lo que ha provocado es la división del pueblo hondureño. El gobierno lleva a cabo una marcha a favor de la cuarta urna, pero al finalizar la caminata, burócratas que participaron en ella revelaron que recibieron entre 300 y 500 lempiras cada empleado por asistir.
El 15 de junio la Sala de lo Constitucional de la CSJ rechazó un recurso interpuesto por un abogado que pedía la nulidad de la convocatoria de elecciones generales y activar la propaganda de la cuarta urna. Después que Zelaya mandó a sus ministros a los departamentos del país a promover la cuarta urna, pidió resultados; sin embargo, fueron bajos y trascendió que se molestó por los datos. Días después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ordenó al secretario de Seguridad y al jefe del Estado Mayor Conjunto, abstenerse de participar en la consulta popular por ser ilegal. Se conoce que de dos casos anunciados de influenza, en Honduras hay 32. Días después son más de 100. Nunca se dan a conocer los análisis realizados y se registra una muerte por la enfermedad. Aún no hay campaña oficial de prevención.
Las protestas contra la cuarta urna crecen. Más de cinco mil hondureños se reunieron en los bajos del Congreso Nacional para defender la Constitución. También los obispos de la Iglesia católica se pronuncian en contra de las consultas ilegales. El 23 de junio se dio otro hecho sin precedentes, unos cien mil hondureños salen a las calles de San Pedro Sula a protestar contra la cuarta urna, a defender la Constitución y a proclamar paz y democracia. También se intensifican las protestas en la capital frente a la Casa de Gobierno y el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, denunció que el Ejecutivo mandaría turbas para imponer presión a los diputados y que no aprobaran el reglamento del plebiscito y referéndum, que al final se aprueban.
Tomado de: http://www.laprensahn.com/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/06/27/Noticias/Honduras-La-ruta-ilegal-de-la-Cuarta-Urna
